El Gobierno cerró ayer un acuerdo con los colegios privados para que el valor de las cuotas con el que arranca este ciclo lectivo no aumente durante el año. La estabilidad se mantendrá siempre que no haya subas en los costos del sector. En ese caso, los colegios privados deben pedirle a una comisión integrada por el Gobierno y los privados que autorice los reajustes. Pero ayer había muchas dudas acerca de qué puede pasar en caso de que mejoren los salarios docentes.

Ayer, en Casa de Gobierno y en un acto en el que no participó el presidente Néstor Kirchner, Felisa Miceli y Daniel Filmus cerraron el convenio con las entidades que agrupan a las escuelas privadas. Entre otros participaron el Consejo Superior de Educación Católica y la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada.

En un texto de tres páginas, los colegios privados se comprometen a mantener para el año 2006 "los valores actuales que fueran oportunamente comunicados a sus respectivas comunidades educativas hasta diciembre de 2005".

Pero el texto también establece que si se verifican "variaciones en los factores integrantes del valor de los aranceles escolares se procederá conforme a la normativa" y "será informado fehacientemente a la comisión de seguimiento".

En diálogo con Clarín, Daniel Filmus explicó que a fines del año pasado, los colegios privados comunicaron a Economía los aranceles que regirían en 2006. En algunos casos, el aumento abarcó las cuotas de los últimos meses de 2005, y en otros, arrancará con la primera cuota de 2006. "Ahora se comprometen a no aumentar los aranceles por todo el año", señaló.

Este compromiso se mantiene "salvo que hubiera nuevos impactos en los elementos que componen el costo, como los salarios. Pero aun en ese caso, no habrá aumentos automáticos". Los colegios privados deberán remitirse a la comisión de seguimiento que va a analizar el impacto de los incrementos sobre las cuotas. Filmus precisó que los colegios porteños anunciaron en octubre que el 2006 arrancaría con subas máximas del 11,1%.

El resto de las jurisdicciones maneja otro techo de subas, explicó. Según pudo averiguar este diario, el incremento en promedio fue del 20%. El plazo de vigencia del convenio será un año. Y se constituirá una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de Economía, Educación y de las asociaciones que

"efectuará revisiones bimestralmente o cuando las condiciones así lo ameriten".

Con esto, el Gobierno busca avanzar sobre acuerdos que frenen los incrementos de los servicios. Hasta ahora, firmó convenios de precios con decenas de empresas, hasta llegar a un listado de 351 productos que deben permanecer sin cambios por un año.